Hecho Clave: “La administración de justicia, cuando se ejerce de manera imparcial e independiente, constituye la piedra angular sobre la cual se edifica y se sustenta el Estado de derecho, garantizando que los principios fundamentales de equidad y legalidad prevalezcan en la sociedad.”
En el texto constitucional se consagra que El Salvador es un Estado soberano y cuenta con un gobierno republicano, democrático y representativo, distribuyendo el poder público en tres órganos de Estado siendo estos: el legislativo, ejecutivo y judicial quienes deben armonizar sus funciones motivados por las necesidades de la población y donde la ley se aplique por igual a las y los ciudadanos, para alcanzar el bienestar de las mayorías que es el equivalente del valor justicia. La administración de justicia es una facultad exclusiva del Órgano Judicial por eso quienes lo integran (jueces) deben de actuar con imparcialidad e independencia, constituyendo de este modo una piedra angular y esencial para la democracia que armoniza y sustenta el Estado de derecho.
Curiosamente en el pasado existió una relación bien establecida entre la justicia y la religión, por lo que el nombramiento de jueces y la creación de leyes eran considerados de origen divino, superándose posteriormente esta postura por la separación de la Iglesia y el Estado. Sin lugar a duda se puede afirmar hoy en día que el Estado y el poder son uno, y la potestad de gobernar es conferida por medio del voto ciudadano, la que en una sociedad democrática no puede ser ejercida sin límites, sino que por el contrario estos deben estar previamente establecidos en la ley y que en caso de transgredirse trae consecuentemente sanción. El órgano de Estado encargado de sancionar será el judicial integrado por juzgadores con funciones y competencias indicadas en el artículo 172 de la Constitución salvadoreña.
Bajo el prisma de la comisión de la verdad1 se concluyó que la falta de independencia en el Sistema Judicial propició en buena parte el conflicto armado salvadoreño, existiendo una supeditación por parte del poder judicial a los poderes legislativos y ejecutivo, producto del mecanismo de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los requisitos de idoneidad y capacidad deben estar permanentemente presentes en estos funcionarios. Pero lo más relevante será su independencia para aplicar el derecho a las personas sin ningún tipo de distinción.
En el país se está desarrollando el procedimiento de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el que se espera lo culmine la Asamblea Legislativa antes del veintitrés de septiembre del corriente año; con las reformas constitucionales de 1991 se creó un mecanismo de preselección por medio del cual el Consejo Nacional de la Judicatura proporciona un listado quince personas y el gremio de abogados por medio de elecciones obtiene un total también de quince candidatos, conformando así una primera etapa que ya se desarrolló, la siguiente fase será elegir por parte del primer órgano de Estado dentro de una lista de treinta candidatos a cinco magistrados propietarios y sus suplentes.
Esperamos se elijan a los mejores para beneficio de una justicia Independiente e imparcial y un beneficio mayor para el pueblo en general. No omito manifestar la importancia de una Justicia abierta, temática que es esencial su conocimiento y que gracias a CIDEMO-UNIVO, los que integramos la academia lo estamos obteniendo.
Referencias:
- Comisión de la Verdad para El Salvador, De la locura a la esperanza: La guerra de los doce años en El Salvador: Reporte de la Comisión de la Verdad para El Salvador, San Salvador-Nueva York, 1993, págs. 12 y 13.
