Hecho Clave:
Es responsabilidad de todos los ciudadanos proteger nuestra Constitución. Esta nos vincula y no solo compete a los funcionarios públicos. Todos debemos ser guardianes de nuestros derechos fundamentales y del orden democrático establecido.
Existe en las sociedades humanas la necesidad de contar con un texto normativo que regule la actividad estatal, declare derechos y limite el ejercicio del poder, este documento es la Constitución, que es una ley superior a las demás leyes, es conocida también como Carta Magna que emana del poder popular (pueblo); es la que otorga facultades a los gobernantes dentro de los limites dados por la ley y protege los derechos de a todas las personas en relación del actuar del propio Estado.
Las constituciones deben su existencia al aparecimiento del Estado moderno, aunque antiguamente en Roma y Grecia ya se tenía la idea de una Constitución, siendo los primeros en utilizar este término los hebreos. En un Estado Liberal lo básico fue la existencia de una Constitución escrita y las declaraciones de derechos que enuncian normativamente la igualdad y que posteriormente es criticada por el advenimiento del Estado Social que produce la inclusión de derechos sociales en los textos constitucionales.
Los ciudadanos deben defender la Constitución ya que les vincula a todos, no solo es una tarea de los funcionarios públicos. Aunque es necesario precisar que existen órganos o autoridades en concreto, que desempeñan el prioritario papel de control de constitucionalidad que es la potestad conferida a los jueces cuando en los procesos que son llevados a su conocimiento tienen que valorar y aplicar normas jurídicas siempre y cuando estas no contradigan el texto constitucional. Que dicha defensa debe estar enmarcada en consolidar la democracia, fortalecer el Estado de derecho y potenciar la participación ciudadana para la exigencia de demandas de mejora social. En este sentido se debe quitar la idea de que sólo unos cuantos pueden hacer valer la Constitución, sin dejar de lado que esta permite legitimar el actuar del Estado al que se le debe exigir cuentas para el beneficio de las mayorías.
La sociedad cambia constantemente y por ello se cuestiona si es necesario el cambio en las normas jurídicas que la rigen. El orden constitucional construye y limita el poder del Estado mediante el establecimiento de cláusulas pétreas o inmodificables, de las que existen posturas a favor y en contra de su inclusión, con las primeras su argumento es el impedir reformas que trastoquen o perviertan la división de poderes, el sistema democrático y los derechos fundamentales, mientras las segundas las consideran en si antidemocráticas por su contenido.
Generalmente las cláusulas pétreas contenidas en las constituciones sirven para establecer estándares mínimos que aseguran la existencia de un Estado Constitucional de Derecho; se concluye con lo significativo que es lo enunciado en el inciso tercero del artículo 86 de la Constitución, que en su texto dice: “los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”.