Hecho clave: de ahí la insistencia de la sociedad civil por impulsar sistemas de Monitoreo y Seguimiento capaces de medir el desempeño de las políticas, programas y acciones de desarrollo social, de tal manera que la calidad de la información facilite acciones de contraloría ciudadana.
Históricamente, la gestión de los recursos públicos en El Salvador es preocupante debido a la infaltable necesidad de los gobiernos de incrementar la carga de la deuda para financiar las intervenciones de “desarrollo social” y sostener los gastos administrativos del Estado. Por ejemplo, en 2023 la deuda pública del país fue de 26.632 millones, creció 1.334 millones desde 2022 cuando fue de 25.298 millones de euros, esta cifra supone que la deuda en 2023 alcanzó el 84,68% del PIB de El Salvador, una subida de 1,33 puntos respecto a 2022, en el que la deuda fue el 83,35% del PIB [1].
Ante este panorama sombrío de las finanzas públicas y la débil voluntad de los políticos de generar políticas de austeridad y de ahorro, ¿Podemos darnos el lujo de gastarnos los recursos públicos en políticas públicas que no funcionan? Esta pregunta se realiza el economista salvadoreño Migue Pérez [1] tomada de la introducción del artículo “Evaluación de políticas públicas” del profesor Marcos Vera Hernández (2010), de University College London & Institute for Fiscal Studies. Lo cierto es que se debe garantizar que los recursos tengan efectividad en solucionar los principales problemas que aquejan a la ciudadanía.
En este escenario, se precisa contar con mecanismos adecuados para la formulación y evaluación de las políticas públicas. Esto pasa por tener claro el objetivo de las evaluaciones, conocer sus propósitos y la metodología adecuada para cada caso. Las evaluaciones de las políticas públicas deben proporcionar información creíble, autónoma y usable [2]. De ahí la insistencia de la sociedad civil por impulsar sistemas de Monitoreo y Seguimiento capaces de medir el desempeño de las políticas, programas y acciones de desarrollo social, de tal manera que la calidad de la información facilite acciones de contraloría ciudadana, pues los contribuyentes tienen derecho a saber cómo se están empleando los recursos en el ejercicio de la administración pública.
Además, el Monitoreo y la Evaluación para el caso de las políticas públicas tiene el propósito de proporcionar estimaciones sobre la calidad de la gestión de los recursos en relación con lo que se estime como valor (verbigracia: indicadores de desarrollo humano tales como: educación, servicios y espacios públicos, empleo, infraestructura, comercio entre otros). Es pues, una técnica cuyo fin yace en optimizar los procesos de liderazgo y planificación, el funcionamiento y gestión de las operaciones diarias y los resultados finales con relación a los recursos invertidos.
Los gobiernos deben de entender que las actividades de Monitoreo y Evaluación son inexorables a la mejora de la implementación de las políticas pública, en tanto, permiten obtener aprendizajes, conocer de buenas prácticas e identificar caso de éxito que pueden facilitar la efectividad de las intervenciones que pretende ser coadyuvante al desarrollo social. En efecto, el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas debe ser una práctica con asidero institucional. No obstante, esto depende en buena medida de la voluntad de los políticos y de aquellos que detentan el poder desde perspectivas anacrónicas con intereses personales que van en detrimento de la nación.
Referencias
[1] Datosmacro.com, «Datosmacro.com,» 2023. [En línea]. Available: https://datosmacro.expansion.com/deuda/el-salvador.
[2] M. Perez, «La evaluación de políticas públicas en El Salvador. Breve reflexión,» Entorno, pp. 41-45, 2011.
[3] I. Irarrázaval y F. Pérez, «Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas en Chile: de la Burocracia a la Ciudadanía,» In XXII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública., 2017.
