La firma de los Acuerdos de paz de 1992 supuso la llegada de la democracia liberal en El Salvador, y con ello, se volvió inevitable que el derecho de acceso a la información pública y la participación ciudadana se constituyeran en elementos esenciales para evaluar las prácticas de transparencia y gobernanza democrática. Siendo el país necesariamente un escenario conflictivo, donde las necesidades, la injusticia y la inequidad se coligan con prácticas corruptas; el avance del proceso de democratización se ha ralentizado. De ahí, pues, que se vuelva insoslayable plantearse preguntas importantes para comprender y valorar los avances, retos y desafíos para los actores sociales interesados en hacer prevalecer los valores democráticos, la ética y el carácter diáfano en la administración pública.